Associated Press
QUITO (AP) — El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, envió el martes a la Asamblea un proyecto de ley urgente con el que pretende auditar los fondos que reciben desde el extranjero las fundaciones, sociedades y organizaciones no gubernamentales, similar a lo que hizo El Salvador recientemente, aludiendo a un mejor control del lavado de activos.
La norma, llamada ley orgánica para el control de flujos irregulares de capitales, está dirigida a organizaciones sociales y otro tipo de entes sin fines de lucro, pero no a todos los actores económicos que operan en el país. Según el mandatario, el proyecto responde a que “se usan fundaciones y ONG internacionales para ingresar dinero y desestabilizar al país” y a que no hay un control adecuado.
Noboa, que no explicó a qué se refería sobre esos presuntos episodios para desestabilizar al país, ya había aludido en ocasiones anteriores que hay organizaciones políticas opositoras que reciben fondos del extranjero y a las que señaló de instigar actos de violencia o desmanes, sobre todo, en las semanas previas a las elecciones presidenciales de este año en las que salió ganador.
El gobierno plantea en el proyecto de ley que las organizaciones deben publicar sus estados financieros debidamente auditados, así como las fuentes de financiamiento, los beneficiarios de los dineros y los proyectos ejecutados, además que los fondos recibidos sean revisados por autoridades financieras de control. De no hacerlo, pueden ser sancionadas.
César Ricaurte, director de la fundación Fundamedios que vigila el cumplimiento de la libertad de expresión, aseguró a la AP que ”es una mezcla de preocupación y expectativa por el proyecto” y que “puede utilizarse una ley así para acallar voces críticas, porque al final todas las organizaciones de cualquier tipo entran bajo la misma norma”.
El pasado mayo, El Salvador aprobó la ley de agentes extranjeros que también impone mayores controles y auditorías a los fondos que organizaciones de la sociedad civil reciben del extranjero. La norma ha sido cuestionada como una herramienta de presión y control del gobierno de Nayib Bukele —con cuyo modelo de gestión Noboa ha mostrado afinidad — ante sociedades críticas con su gestión.
En caso de ser aprobado el nuevo texto legal, las fundaciones, ONG y el resto de organizaciones sin fines de lucro contarán con un plazo de seis meses para ajustarse a la normativa. El proyecto identifica a unas 71.000 entidades de ese tipo, de las que unas 10.000 podrían estar inactivas.
La Asamblea cuenta con un plazo máximo de 30 días para dar trámite al proyecto, aunque, si en ese lapso no lo aprueba o rechaza, la ley entrará en vigencia automáticamente. El gobierno cuenta con una mayoría legislativa que le ha permitido aprobar otras tres leyes económicas urgentes en las últimas semanas.
El texto de la propuesta reconoce, no obstante, que las ONG y fundaciones “desempeñan un papel crucial en el desarrollo social y económico” del país, pero que la recepción de fondos nacionales e internacionales las hace “vulnerables a ser utilizadas, consciente o inconscientemente para fines ilícitos”.
En su disposición final, señala también que “ninguna medida de control, supervisión o intervención que ejerzan las entidades públicas podrá ser utilizada como mecanismo de persecución política, restricción arbitraria a la libertad de asociación o interferencia ilegítima en las actividades lícitas de las organizaciones sociales”.