Por MICHAEL KUNZELMAN y BEN FINLEY
GREENBELT, Maryland, EE.UU. (AP) — Una jueza federal le dijo al gobierno de Estados Unidos el viernes que su explicación para invocar el privilegio de secretos de estado en el caso de Kilmar Ábrego García es inadecuada y describió el razonamiento del gobierno para retener información como de “toma mi palabra para ello”.
Los abogados del gobierno federal han argumentado que revelar detalles en un tribunal abierto, o incluso al juez en privado, sobre el regreso de Ábrego García a Estados Unidos pondría en peligro la seguridad nacional. Por ejemplo, señalaron que revelaría negociaciones confidenciales con países extranjeros.
Sin embargo, la jueza federal de distrito, Paula Xinis, de Maryland, dijo que no sabía cómo podría determinar de manera independiente la naturaleza de las preocupaciones del gobierno con la información proporcionada.
“No hay detalles”, señaló. “Esto es básicamente un ‘toma mi palabra para ello’”.
Jonathan Guynn, un abogado del Departamento de Justicia, no estuvo de acuerdo en que la explicación fuera inadecuada.
“Creemos que hemos proporcionado información significativa”, manifestó.
El enfoque de la audiencia del viernes se centró principalmente en el deseo del gobierno del presidente Donald Trump de invocar el privilegio de secretos de estado, una doctrina legal que se utiliza más a menudo en casos que involucran al ejército y agencias de espionaje. Pero cómo Xinis finalmente dictamine podría impactar la cuestión central que se cierne sobre el caso: ¿Ha seguido el gobierno de Trump su orden de traer de vuelta a Ábrego García?
Los abogados de Ábrego García argumentaron que el gobierno de Trump no ha hecho nada para devolver al trabajador de la construcción de Maryland. Dicen que el gobierno está invocando el privilegio para ocultarse detrás de la mala conducta de deportarlo erróneamente a El Salvador y negarse a traerlo de vuelta.
“El gobierno está demorando por el simple hecho de demorar a expensas de alguien que fue deportado erróneamente de este país”, dijo Andrew Rossman, un abogado de Ábrego García.
Rossman dijo que no está argumentando que no haya secretos de estado concebibles en juego.
“La pregunta es: ‘¿Qué han hecho realmente?’”, expresó Rossman. “Sospecho que no hay acciones, y nada ha sucedido”.
Instó a Xinis a rechazar la noción de que el gobierno “puede arrojar un velo de secretos de estado” sobre su orden y no cumplir con ella, agregando que “simplemente decir, ‘seguridad nacional’, no es suficiente”.
Xinis pareció escéptica ante la posición del gobierno, particularmente después de que Guynn dijo que no había necesidad de que la jueza revisara la información que el gobierno de Trump considera secreta.
“Él ha sido deportado por error”, respondió Xinis. “¿Cómo no es central entender qué han hecho, si es que han hecho algo, para devolverlo? ¿Cómo eso no es una necesidad?”.
Los abogados de Ábrego García también han mencionado los recientes pronunciamientos de Trump y otros funcionarios de que Ábrego García no regresará. Por ejemplo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, señaló que “no hay un escenario en el que Ábrego García esté nuevamente en Estados Unidos”.
Guynn, el abogado del Departamento de Justicia, le dijo a la jueza que tales declaraciones no son inconsistentes con los argumentos jurídicos del gobierno cuando “se leen con el matiz apropiado”.
Sugirió que el significado era que “él nunca caminará libre en Estados Unidos”.
Xinis señaló que interpreta las declaraciones de Noem como una señal de que el gobierno no tomará medidas para facilitar su regreso.
“Eso es tan claro como puede ser”, dijo la jueza.
“No estoy de acuerdo”, respondió Guynn, provocando risas en la sala del tribunal.
Guynn también negó cualquier mala conducta por parte del gobierno federal.
“La remoción del señor Ábrego García fue un error inadvertido”, dijo. “No concedemos que eso sea mala conducta por parte del gobierno”.
Una parte de la audiencia del viernes fue cerrada al público, durante la cual Xinis le dio al gobierno una semana para proporcionar más información para su reclamo de secretos de estado, según Simon Sandoval-Moshenberg, un abogado de Ábrego García.
El gobierno de Trump deportó a Ábrego García a El Salvador en marzo. La expulsión violó una orden emitida por un juez de inmigración de Estados Unidos en 2019 que protegía a Ábrego García de la deportación a su país natal porque enfrentaba una probable persecución por parte de una pandilla local que había aterrorizado a su familia.
La esposa estadounidense de Ábrego García presentó una demanda, y Xinis ordenó su regreso el 4 de abril. La Corte Suprema federal dictaminó el 10 de abril que el gobierno debe trabajar para traerlo de vuelta.
Xinis luego criticó al gobierno por no explicar qué ha hecho para recuperarlo y le ordenó proporcionar documentos y testimonios que muestren qué ha hecho, si es que ha hecho algo, para cumplir. El gobierno federa apeló, pero el tribunal de apelaciones respaldó a Xinis en una orden contundente.
El debate sobre el privilegio de secretos de estado es el desarrollo más reciente en el caso.
Los funcionarios del gobierno de Trump han dicho que Ábrego García fue deportado basándose en una acusación de 2019 de la policía de Maryland de que era miembro de la pandilla MS-13. Ábrego García negó la acusación y nunca fue acusado de un delito, dijeron sus abogados.
El gobierno federal reconoció más tarde que la deportación de Ábrego García a El Salvador había sido “un error administrativo” debido a la orden del juez de inmigración de 2019. Pero Trump y otros han seguido insistiendo en que Ábrego García era miembro de la MS-13.
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Finley informó en Norfolk, Virginia.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.