Por REBECCA BOONE
BOISE, Idaho, EE.UU. (AP) — Un juez federal ordenó la liberación de 16 detenidos por funcionarios de inmigración durante una redada dirigida por el FBI en un hipódromo rural de Idaho el mes pasado.
El juez del distrito de Estados Unidos B. Lynn Winmill dictaminó el miércoles que mantener a los migrantes en prisión sin fianza violaba sus derechos procesales y ordenó su liberación mientras esperan la resolución de sus casos de inmigración. Muchos llevaban décadas viviendo en el país y no tienen antecedentes penales, apuntó el magistrado. Algunos están casados con ciudadanos estadounidenses o tienen hijos que tienen la nacionalidad, según documentos judiciales.
En un comunicado enviado por correo electrónico a The Associated Press, el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestaron de forma legal a los detenidos durante la redada y que “un juez activista está ordenando que los infractores de la ley queden en libertad”.
“El gobierno de (presidente Donald) Trump está comprometido a restaurar el Estado de derecho y el sentido común en nuestro sistema migratorio, y continuará luchando por el arresto, detención y expulsión de extranjeros que no tienen derecho a estar en este país”, señaló la nota.
La redada del 19 de octubre en la pista al aire libre de gestión privada en Wilder estuvo comandada por el FBI como parte de una investigación sobre presuntas apuestas ilegales. Más de 200 efectivos de al menos 14 agencias, incluyendo ICE y la Patrulla Fronteriza, participaron en el operativo en el que se detuvo a unas 400 personas durante horas, muchas de ellas ciudadanos estadounidenses.
Los testigos describieron tácticas agresivas como el uso de bridas para inmovilizar a los niños o separar a los pequeños de sus padres durante una hora o más. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, cuyo departamento supervisa la Patrulla Fronteriza y el ICE, negó que se hubieran usado bridas con los menores. En un primer momento, la vocera del FBI, Sandra Barker, dijo que no se usaron restricciones ni balas de goma en los menores, pero más tarde corrigió su declaración reemplazando “menores” por “niños pequeños”.
La operación resultó en un puñado de detenciones relacionadas con el juego y 105 por presuntas violaciones migratorias. Muchos de los arrestados firmaron acuerdos voluntarios para salir del país antes de poder hablar con abogados de inmigración, señaló Nikki Ramirez-Smith, abogada de inmigración cuyo despacho representa a 15 de los liberados esta semana.
De acuerdo con los registros judiciales online, solo 18 de los detenidos en el operativo reclamaron su liberación en los tribunales federales en Idaho. El pedido de una de ellas fue desestimado inicialmente cuando un juez determinó que su escrito no contenía suficientes detalles, pero le dio un plazo de 30 días para intentarlo de nuevo. Otra persona está tratando de obtener la libertad a través de un tribunal federal diferente tras su traslado a un centro de detención en otro estado.
El juez federal en Idaho apuntó que casi todos sus colegas que enfrentaron peticiones similares de detenidos por motivos de inmigración han llegado a la misma conclusión: que las personas sin nacionalidad arrestadas en suelo estadounidense tienen derecho a las protecciones del debido proceso.
“Tratar la detención de los no ciudadanos en la frontera o cerca de ella de manera diferente a la de los no ciudadanos que residen en el país no es una anomalía. Por el contrario, refleja la distinción reconocida desde hace mucho tiempo en nuestras leyes migratorias y en la Constitución de que las protecciones del debido proceso se aplican a los ciudadanos extranjeros que residen en del país, pero no a aquellos detenidos en o cerca de la frontera”, escribió Winmill.
Ramirez-Smith dijo que las órdenes de liberación de Winmill hacen “un gran trabajo al poner en perspectiva cuáles son los problemas”.
“Se quedarán en casa con sus familias y presentaremos las solicitudes de ayuda ante el tribunal de inmigración, y tendrán una vista en la corte. Esas fechas de juicio probablemente se demorarán años”, agregó, debido a una gran demora de más de tres millones de casos en esas cortes.
Trump ha tomado medidas para reducir ese atraso, ordenando a los jueces en su primer mandato que denegasen solicitudes de asilo de categorías enteras, como a víctimas de violencia de pandillas o doméstica.
Durante su mandato actual, su gobierno despidió a docenas de jueces de inmigración y autorizó que alrededor de 600 abogados militares ejerzan como jueces migratorios de forma temporal. Además, con frecuencia ha convertido lo que normalmente serían vistas migratorias rutinarias en trampas de deportación, con abogados del gobierno desestimando rápidamente los casos de asilo para que los solicitantes puedan ser arrestados de inmediato en los pasillos del tribunal.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.