Associated Press
LIMA (AP) — Familiares de desaparecidos y organizaciones de Derechos Humanos en Perú criticaron el jueves el avance de una iniciativa legislativa en el Congreso que extinguiría la responsabilidad penal de militares y policías procesados por asesinatos, secuestros y violaciones sexuales durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000.
La amnistía provocaría que 156 casos con sentencias y más de 600 procesos en trámite queden impunes, según la Coordinadora de Derechos Humanos, una coalición de 74 organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos que han litigado por décadas en decenas de juicios.
“Quienes violaron, mataron, ejecutaron, torturaron y desaparecieron los restos de más de 22.600 peruanos no merecen ese tipo de perdón”, dijo en una conferencia de prensa la profesora de escuela Doris Caqui, de 65 años, y quien lidera un grupo de familiares de desaparecidos.
El esposo de Caqui, el dirigente sindical Teófilo Rímac fue detenido en su casa en 1986 por militares, llevado a una base militar en los Andes y luego desaparecido. Su cuerpo no ha sido hallado y nadie fue condenado por su desaparición.
El miércoles cerca de la medianoche, los legisladores del Congreso unicameral aprobaron la norma en una primera votación con 61 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones.
Falta una segunda votación la próxima semana y, si la norma es aprobada, será enviada a la presidenta Dina Boluarte quien puede promulgarla, devolverla con observaciones o no hacer nada, lo que provocaría que tras 15 días finalmente la sancionen los congresistas .
De acuerdo con la propuesta legislativa, la “amnistía de carácter humanitario” está dirigida a los militares y policías mayores de 70 años que estén condenados, investigados o procesados por delitos derivados de su participación en el conflicto armado interno que entre 1980 y 2000 enfrentó de un lado a las fuerzas de seguridad y los comités campesinos de autodefensa y del otro, al grupo Sendero Luminoso.
Según una comisión de la verdad, que estudió el periodo de la violencia política, las víctimas del conflicto eran en su mayoría indígenas, atrapados entre los enfrentamientos. La comisión calcula que el conflicto dejó unos 70.000 muertos, incluidos más de 20.000 desaparecidos.
Según los abogados de las víctimas, uno de los casos afectados por la ley es una sentencia de 2024 contra diez exmilitares condenados por violar sexualmente a nueve adolescentes entre 1984-1994 en una aldea rural de los Andes llamada Manta.
Otra es una condena de 2023 contra 18 exmilitares que asesinaron a 39 campesinos en un distrito llamado Cayara en 1988. Un tercer caso destacado se refiere a lo sucedido en Accomarca, una aldea rural donde en 1985 al menos 69 vecinos fueron asesinados y quemados por soldados y una decena de ellos fueron condenados recién en 2016.
Los que defienden la iniciativa legislativa indicaron que hay 1.092 militares y policías procesados y en 35 años sólo 38 han sido sentenciados.
“Muchos ya no están con nosotros, otros envejecen en silencio sometidos a interminables procesos judiciales perseguidos, con sus familias viviendo el dolor, abandono e incertidumbre”, dijo el legislador Fernando Rospigliosi, del partido fujimorista Fuerza Popular.
“Hay 38 con sentencias ejecutoriadas en más de 35 años, y el resto, sigue siendo perseguido por la justicia torcida que tenemos”, añadió el legislador Jorge Montoya, un militar jubilado.
En 1995, el entonces presidente Alberto Fujimori (1990-2000) promulgó una ley de amnistía a favor de los uniformados acusados de crímenes contra los derechos humanos en medio del conflicto armado. La norma fue declarada sin efecto jurídico por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2001 y provocó que se activen decenas de juicios.