Por SONIA PÉREZ D.
CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El Diario de Centroamérica, un medio oficial del gobierno guatemalteco, informó el viernes que el matutino está siendo investigado por la Fiscalía General, un ente judicial que según los críticos mantiene una arremetida contra la administración del presidente Bernardo Arévalo en el país centroamericano.
Edin Hernández, director general del diario, dijo a The Associated Press que la medida coincide con publicaciones del medio que se realizaron en abril, según indicó, sobre los reveses que la fiscalía había tenido en tres casos de impacto social.
“No entendemos de qué se trata, no nos dijeron si hay algún tipo de delito, quién denunció, ni nada, solo están las peticiones, nos extraña porque estas se dan casualmente después de que hemos publicado sobre la fiscalía”, señaló Hernández.
La AP solicitó a la Dirección de Comunicación de la fiscalía información al respecto, sin obtener una respuesta inmediata.
Los requerimientos de la fiscalía de delitos administrativos realizados desde abril, según el diario, van desde información sobre la normativa interna, funciones y atribuciones de la dirección del medio, qué tipos de servicios brinda, los suscriptores, inclusive hasta qué departamento se encarga de realizar las publicaciones concernientes a información de interés general del gobierno.
Santiago Palomo, secretario de Comunicación del presidente Arévalo, señaló a la AP que hay un ataque deliberado al medio por el tipo de publicaciones que divulga.
“Hay antecedentes de criminalización a periodistas y medios de comunicación; consideramos que este es un ataque más, por el tipo de información solicitada tiende a reflejar que hay un ataque deliberado al medio”, manifestó Palomo. “Se trata del diario más antiguo del país y está protegido por la constitución”.
La carta fundamental de Guatemala establece en su artículo 35 la libre emisión del pensamiento sin censura ni licencia previa.
“No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”, indica el artículo.
El Ministerio Público, que dirige la fiscal general Consuelo Porras, ha mantenido roces constantes con el gobierno del presidente Arévalo, incluso intentó, a través de varias fiscalías, que el mandatario no tomara posesión al cargo en 2023.
Porras y por lo menos cinco de sus empleados y funcionarios han sido sancionados por más de 40 países, incluyendo Estados Unidos y la Unión Europea, que les prohibieron entrar a sus territorios señalándolos de obstaculizar la lucha anticorrupción y socavar la democracia del país.