Por DAVID A. LIEB
Veinte estados gobernados por demócratas demandaron el miércoles a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, impugnando la eliminación de un programa de subvenciones implementado hace tiempo que ayuda a las comunidades de Estados Unidos a protegerse de daños por desastres naturales.
La demanda sostiene que el gobierno del presidente Donald Trump actuó ilegalmente cuando anunció en abril que estaba poniendo fin al programa de Construcción de Infraestructura y Comunidades Resistentes (BRIC, por sus iniciales en inglés). La FEMA (siglas en inglés de la agencia) canceló algunos proyectos que ya estaban en marcha y se negó a aprobar nuevos a pesar de que contaba con financiación por parte del Congreso.
“Tras las devastadoras inundaciones en Texas y otros estados, es evidente cuán cruciales son los recursos federales para ayudar a los estados a prepararse y responder a desastres naturales”, declaró Andrea Joy Campbell, fiscal general estatal de Massachusetts, donde se interpuso la demanda federal. “Al cancelar abrupta e ilegalmente el programa BRIC, esta administración está abandonando a los estados y comunidades locales que dependen de la financiación federal para proteger a sus residentes y, en caso de desastre, salvar vidas”.
La FEMA no respondió de momento a una solicitud de comentarios. En abril dijo que el programa era “despilfarrador e ineficaz” y “le preocupaba más (desarrollar) proyectos políticos que en ayudar a los estadounidenses afectados por desastres naturales”.
El programa, establecido por una ley de 2000, proporciona subvenciones para diversas iniciativas de mitigación de desastres, incluidos diques con el fin de proteger de inundaciones, habitaciones seguras para refugiarse de tornados, gestión de vegetación para reducir daños por incendios, y refuerzo sísmico para fortalecer edificios contra terremotos.
Durante su primer mandato, Trump promulgó una ley que reforzaba la financiación para las iniciativas de reducción de riesgos en caso de desastre. Posteriormente el programa recibió un impulso de 1.000 millones de dólares de una ley de infraestructura promulgada por el expresidente Joe Biden. Dicha ley requiere que la FEMA ponga a disposición al menos 200 millones de dólares anualmente para destinarlos a subvenciones de mitigación de desastres para los años fiscales 2022-2026, según la demanda.
La demanda sostiene que el gobierno de Trump violó la separación constitucional de poderes, ya que el Congreso no había autorizado la desaparición del programa. También alega que la cancelación del programa fue ilegal porque la decisión se tomó mientras la FEMA estaba encabezada por un administrador interino que no cumplía con los requisitos para estar a cargo de la agencia.
La demanda dice que comunidades en todos los estados se han beneficiado de las subvenciones federales de mitigación de desastres, que salvaron vidas y evitaron que hogares, negocios, hospitales y escuelas sufrieran daños costosos.
Algunas comunidades ya se han visto afectadas por la decisión de poner fin al programa.
Hillsborough, Carolina del Norte, había recibido casi 7 millones de dólares para reubicar una estación de bombeo de aguas residuales fuera de una llanura que solía inundarse y realizar otras mejoras al sistema de agua y alcantarillado. Pero eso aún no se había llevado a cabo cuando los restos de la tormenta tropical Chantal dañaron la estación de bombeo y la dejaron fuera de servicio la semana pasada.
En Mount Pleasant, una comunidad rural de Carolina del Norte, funcionarios municipales esperaban usar más de 4 millones del programa BRIC para mejorar el drenaje pluvial y proteger un sistema eléctrico vulnerable, protegiendo así las inversiones en un teatro histórico y otros negocios. Aunque la comunidad apoya en gran medida a Trump, Erin Burris, asistente del administrador municipal, dijo que la gente se sorprendió por la pérdida de financiación por la que habían luchado durante años.
“He visto a dueños de propiedades en el centro que dicen: ‘¿Qué hacemos?’”, narró Burris. “Tengo planes de ingeniería listos para comenzar y no tengo el dinero para hacerlo”.
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Los reporteros de The Associated Press Jack Brook, Michael Casey y Gary D. Robertson contribuyeron a este despacho.
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Brook es miembro de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que coloca a periodistas en redacciones locales para informar sobre temas poco cubiertos.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.