Por MATT SEDENSKY
NUEVA YORK (AP) — Las residencias para ancianos en Estados Unidos, que ya pasaban apuros para contratar personal, ahora enfrentan el ataque del presidente Donald Trump a una de sus pocas fuentes confiables de trabajadores: los inmigrantes.
Las instalaciones para adultos mayores y para personas con discapacidad reportan la pérdida esporádica de empleados cuyo estatus legal ha sido revocado por Trump. Pero temen que se avecinen consecuencias aún más dramáticas, ya que el flujo de trabajadores potenciales está reduciéndose a un mínimo debido al descenso general de la inmigración legal.
“En este momento nos sentimos completamente apaleados”, señaló Deke Cateau, director general de A.G. Rhodes, una empresa que opera tres residencias para adultos mayores en el área de Atlanta, de las que una tercera parte del personal está compuesto por individuos nacidos en aproximadamente tres docenas de países extranjeros. “La línea de suministro es cada vez más y más pequeña”.
Se prevé que ocho de los trabajadores de Cateau se verán obligados a irse tras la revocación de su Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que permite a las personas que ya viven en Estados Unidos quedarse y trabajar legalmente si sus países de origen no son seguros debido a disturbios civiles o desastres naturales. Durante el gobierno del presidente Joe Biden, la designación se amplió para cubrir a personas de una docena de países, incluido un gran número de Venezuela y Haití.
Si bien quienes tienen TPS representan una pequeña minoría de los 500 empleados de A.G. Rhodes, Cateau agrega que será “muy difícil, si no es que imposible, reemplazarlos”, y le preocupa qué ocurrirá después.
“Puede que hoy sean ocho, pero quién sabe cuántos serán en el futuro”, apunta Cateau, él mismo un inmigrante que llegó de Trinidad y Tobago hace 25 años.
Casi uno de cada cinco trabajadores civiles en Estados Unidos nació en el extranjero, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), pero al igual que en los sectores de la construcción, la agricultura y la manufactura, los inmigrantes están sobrerrepresentados en los empleos de cuidado de personas. Más de una cuarta parte de los aproximadamente 4 millones de asistentes de enfermería, auxiliares de salud a domicilio, auxiliares de cuidado personal y otros de los así llamados trabajadores de atención directa nacieron en el extranjero, según PHI, una organización sin fines de lucro enfocada en la fuerza laboral del cuidado de personas.
El envejecimiento de la enorme generación del “Baby Boom” —nacidos entre 1946 y 1964— está a punto de incrementar aún más la demanda de cuidadores de personas, en entornos institucionales y en los hogares de los propios individuos. La BLS pronostica un mayor incremento entre los auxiliares de salud a domicilio y de cuidado de personas que en cualquier otro puesto laboral, con unos 820.000 nuevos empleos añadidos para 2032.
Las residencias para ancianos, los centros de vida asistida, las agencias de atención domiciliaria y otras empresas similares contaban con los inmigrantes para cubrir muchos de esos puestos, por lo que el regreso de Trump a la Casa Blanca —y el ataque de su gobierno a casi todas las formas de inmigración— ha generado un escalofrío en todo el sector.
Katie Smith Sloan, directora general de LeadingAge, que representa a centros de atención sin fines de lucro, reporta que las residencias para ancianos y para personas con discapacidad de todo el país se han visto afectadas por el revuelo migratorio. Algunas han reportado que empleados suyos han dejado de asistir al trabajo por temor a una redada, a pesar de que tienen autorización para estar en el país. Otras tienen trabajadores que deben quedarse en casa con sus niños, a quienes no han enviado a la escuela por temor a las redadas. Muchos otros ven una disminución en la cantidad de solicitantes de empleo.
“Esto es como un puñetazo en el estómago”, añade.
Rachel Blumberg, directora general de la empresa de asilos Toby and Leon Cooperman Sinai Residences, en Boca Raton, Florida, ya perdió a 10 trabajadores cuyo permiso para permanecer en Estados Unidos les fue otorgado a través de un programa conocido como “permiso condicional” humanitario, el cual había sido otorgado a personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Ella prevé que va a perder a 30 más en las próximas semanas, cuando llegue a su fin el Estatus de Protección Temporal para haitianos.
“Creo que es la punta del iceberg”, expresa Blumberg, quien pronostica que se irán más empleados que quizás no sean sujetos a ser deportados ellos mismos, pero cuyos cónyuges o padres sí lo sean.
Blumberg recibió un aviso con menos de 24 horas de anticipación cuando sus empleados perdieron su permiso de trabajo, lo que desató una carrera contrarreloj para cubrir los turnos. Ya aumentó los salarios y las bonificaciones por recomendación, pero agrega que será difícil reemplazar no sólo a los asesores de los ancianos, sino también a los empleados de mantenimiento, lavaplatos y camareros.
“Desafortunadamente, los estadounidenses no se sienten atraídos a solicitar y trabajar en los puestos que tenemos disponibles”, puntualiza.
Los cuidadores de primera línea son mujeres en gran medida, y la mayoría pertenecen a grupos minoritarios, según PHI. Ganaban un promedio de apenas 16,72 dólares por hora en 2023.
Las residencias de cuidados a largo plazo experimentaron un éxodo de trabajadores a medida que la pandemia de COVID-19 dificultó aún más un tipo de trabajo ya de por sí complejo. En algunas residencias, el empleo comenzaba a normalizarse a los niveles previos a la pandemia y entonces se implementó la represión migratoria, a pesar de que en todo el sector todavía existe una escasez masiva de trabajadores.
Algunos en este tipo de negocios miraron con frustración cómo Trump lamentó que sectores como la agricultura y la hostelería se verían perjudicados por sus políticas, y se preguntaron por qué quienes limpian habitaciones de hotel o cosechan tomates merecen más atención que quienes cuidan a los ancianos. Más allá de la revocación de las autorizaciones de trabajo para personas que viven en Estados Unidos, las residencias para adultos mayores o personas con discapacidad tienen dificultades para obtener la aprobación de visas para enfermeras tituladas y auxiliares de enfermería con licencia que contratan en el extranjero.
Lo que solía ser un proceso sencillo ahora toma tanto tiempo que los candidatos reconsideran por completo el trabajar en Estados Unidos, informa Mark Sanchez, director de operaciones de United Hebrew, una residencia para adultos mayores en New Rochelle, Nueva York.
“Hay filas y filas y filas” (de aplicantes), reporta Sanchez, “y ahora dicen: ‘Voy a ir a Canadá’, y ‘Voy a ir a Alemania y me reciben con los brazos abiertos’”.
Al revisar un centro cuyo personal es inmigrante en su mayoría, el hijo de inmigrantes filipinos se pregunta de dónde provendrán sus futuros empleados.
“No tengo al ICE (siglas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) llegando a mi puerta y llevándose a mi gente”, dice Sánchez, “pero el suministro que antes fluía ahora llega a cuentagotas”.
Los trabajadores de cuidado a personas a largo plazo son reclutados rutinariamente no sólo por hospitales y consultorios médicos, sino también por restaurantes, tiendas y fábricas. La mitad del personal promedio de una residencia de adultos mayores se renueva cada año, según datos federales, lo que hace que atraer y retener a cada empleado resulte vital para su funcionamiento.
Robin Wolzenburg, de LeadingAge en Wisconsin —una asociación de empresas sin fines de lucro dedicadas a la atención de adultos mayores—, comenzó a trabajar para dar puestos a una oleada de personas de Afganistán después de que Estados Unidos retirara a sus últimos soldados de ese país hace cuatro años, y de que miles de refugiados llegaran a su estado. Las residencias de cuidado de personas comenzaron a contratar a los refugiados, y estaban tan encantadas con ellos que algunas instalaciones comenzaron a contratar refugiados que llegaban de Ucrania, Somalia y el Congo. Aunque muchas residencias tenían tasas de retención de empleados de aproximadamente el 30%, Wolzenburg reportó que la cifra supera el 90% entre los refugiados.
Trump ha detenido la mayoría de las admisiones de refugiados, lo que significa que el exitoso programa de alcance comunitario de Wolzenburg no tiene nuevos refugiados a quienes dirigirse.
“Ha sido realmente devastador”, señala. “Nuestras comunidades, que trabajaban activamente con las agencias de reasentamiento, ya no están canalizando esas derivaciones a centros de cuidado a largo plazo como nosotros hacíamos. Ya no llegan refugiados”.
Lynne Katzmann, fundadora de Juniper Communities, que gestiona 21 instalaciones en cinco estados, dice que es bastante difícil encontrar a trabajadores adecuados a los que les guste mucho laborar con adultos mayores. Ahora, en un momento en que los centros se preparan para la afluencia de nuevos residentes causada por el cambio demográfico del país, se enfrentan a otro reto para conseguir una fuerza laboral estable.
“El trabajo es difícil. No siempre ha sido el empleo mejor pagado que uno pueda tener”, agrega. “Pero muchos de los inmigrantes que han elegido este trabajo consideran que el cuidado de personas es una profesión noble”.