Por STEPHEN GROVES y LISA MASCARO
WASHINGTON (AP) — El ejército de Estados Unidos disparó contra dos personas que se aferraban a los restos de un bote que supuestamente transportaba drogas, de acuerdo con información que se suministró esta semana a legisladores estadounidenses mientras buscan más respuestas sobre el ataque y los fundamentos legales de la campaña militar del presidente Donald Trump en aguas internacionales cerca de Venezuela.
Los ataques del 2 de septiembre contra un bote fueron la primera incursión del ejército de Estados Unidos en la destrucción de embarcaciones que supuestamente se usan para el contrabando de drogas. Pero este ataque en particular y la campaña militar más amplia, que hasta ahora ha destruido más de 20 lanchas y matado a más de 80 personas, están ahora bajo un intenso escrutinio. Los legisladores que supervisan las comisiones de seguridad nacional escucharon la semana pasada al almirante de la Marina que ordenó esos ataques, incluido el segundo ataque que mató a los dos sobrevivientes.
Si bien el almirante Frank Bradley afirmó que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, no emitió una orden de “matar a todos” sobre los sobrevivientes, los legisladores demócratas dicen que el alcance de la misión era claro: destruir las drogas y matar a las 11 personas a bordo. Es una nueva táctica mortal que el gobierno de Trump dice que tiene como propósito disuadir el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Los legisladores y expertos militares dicen que la secuencia de eventos es alarmante, ya que posiblemente viola las leyes de conflicto armado que salvaguardan los derechos humanos y protegen a las tropas estadounidenses.
El viernes por la noche, la AP obtuvo confirmación de que se informó a los legisladores que el bote atacado por Estados Unidos se dirigía a encontrarse con otra embarcación con destino a Surinam, según una persona familiarizada con la situación que accedió a discutirlo bajo condición de anonimato. La información fue reportada primero por CNN. Otra persona dijo que se dirigía hacia el sur cuando fue atacado.
Lo que los legisladores averigüen en las próximas semanas, y hasta qué punto estén dispuestos a presionar al ejecutivo federal para obtener respuestas, representa un momento definitorio para el ejército de Estados Unidos en el segundo mandato de Trump. Está poniendo a prueba el alcance de las leyes que han gobernado durante mucho tiempo a los soldados en el campo de batalla y casi con certeza influirá en la disputa entre la Casa Blanca de Trump y el gobierno de Venezuela.
Esto es lo que se sabe sobre los ataques al bote y qué otra información están buscando los legisladores.
De lo que se han enterado los legisladores
Bradley dijo a los legisladores que ordenó un segundo ataque contra los restos de un bote que transportaba cocaína porque se creía que los paquetes con la droga aún estaban en el casco del navío, según una persona con conocimiento de la sesión informativa que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada para discutirla.
Durante varios minutos, dos personas, que en un momento movieron las manos de un lado a otro, se habían subido a la parte del bote que aún flotaba.
Estaban “a la deriva en el agua, hasta que los misiles llegaron y los mataron”, indicó el representante Adam Smith, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, agregando que su asesinato era “profundamente preocupante”.
Sin embargo, el senador republicano Tom Cotton, el presidente de la Comisión de Inteligencia del Senado, señaló que creía que el video muestra a las dos personas tratando de voltear la parte del barco que aún flotaba. Para él, eso era un indicio de que los sobrevivientes estaban tratando de “seguir en la lucha” y que, por lo tanto, seguían siendo objetivos justificables.
Bradley informó a los legisladores que la razón para el segundo ataque era asegurarse de que la cocaína en el bote no pudiera ser recogida más tarde por narcotraficantes. Anteriormente, se había informado a los legisladores que el segundo ataque se ordenó para hundir el bote.
Ese argumento surge de la opinión legal que el Departamento de Defensa está utilizando como la base completa para su operación militar contra cárteles de drogas, especialmente porque el Congreso no ha autorizado explícitamente al gobierno de Trump llevar a cabo la campaña.
Bajo la opinión legal del gobierno de Trump, las drogas y los traficantes de drogas en ruta hacia Estados Unidos son esencialmente vistos como amenazas terroristas y pueden ser atacados con las mismas reglas que se aplican a la guerra global contra el terrorismo.
Eso es un cambio drástico respecto a la práctica tradicional que ve el tráfico de drogas como un crimen grave, el cual típicamente debe ser manejado por fuerzas policiales, generalmente la Guardia Costera del Departamento de Seguridad Nacional, y no por las fuerzas armadas.
“Las personas en el bote, según la ley de conflicto armado, no son combatientes”, señaló Michael Schmitt, un exabogado de la Fuerza Aérea y profesor emérito del Colegio de Guerra Naval de Estados Unidos. “Lo único que están haciendo es transportar drogas”.
Los demócratas dicen que las conclusiones del argumento legal del gobierno de Trump son problemáticas. “Esa definición increíblemente amplia, creo, es lo que pone en marcha todos estos problemas sobre el uso de la fuerza letal y el uso del ejército”, dijo Smith.
Eso ha llevado a los legisladores a pedir la difusión pública del argumento legal que sustenta la campaña militar, una opinión de aproximadamente 40 páginas de la Oficina del Asesor Legal del Departamento de Justicia.
“Esta sesión informativa confirmó mis peores temores sobre la naturaleza de las actividades militares de la administración Trump”, dijo el senador Jack Reed, el principal demócrata en la Comisión de Servicios Armados, en un comunicado. “Este debe ser y será sólo el comienzo de nuestra investigación sobre este incidente”.
Lo que los legisladores están tratando de averiguar
La opinión de la Oficina del Asesor Legal, que ha sido reservada por el gobierno de Trump y no estuvo disponible para los legisladores sino hasta noviembre, fue firmada el 5 de septiembre, según los legisladores que la han revisado. Sin embargo, el ataque en cuestión se llevó a cabo tres días antes, el 2 de septiembre.
Los legisladores quieren saber bajo qué órdenes e instrucciones se llevó a cabo la operación.
Bradley dijo a los legisladores esta semana que no había leído personalmente toda la opinión legal, según la persona con conocimiento de la sesión informativa. Y aunque Hegseth ha dicho que los abogados militares, conocidos como jueces abogados generales o JAG, fueron mantenidos al tanto de la operación, los legisladores descubrieron el jueves que los JAG para el comando de operaciones especiales y el comando sur, los dos puestos de mando para la operación, no tuvieron acceso a la opinión legal hasta mediados de noviembre.
Bradley también dijo a los legisladores que las órdenes no contenían una instrucción para matar a todos los ocupantes del barco, y Cotton señaló que el ejército todavía estaba operando bajo las mismas órdenes cuando recogió a los sobrevivientes de un ataque posterior y separado.
Los legisladores en las comisiones de servicios armados han requerido la orden de ejecución escrita para la operación, que incluiría las reglas de enfrentamiento que se esperaba que siguieran los soldados. Los legisladores demócratas también quieren entender qué comunicó Hegseth verbalmente a los oficiales militares, ya sea revisando una transcripción de sus comentarios o entrevistando a los involucrados.
Las comisiones de servicios armados también quieren escuchar al almirante de la Marina Alvin Holsey, quien se retirará como comandante de las fuerzas estadounidenses en Centro y Sudamérica. Había estado comandando la campaña en general, pero Hegseth anunció el mes pasado que Holsey se retiraría anticipadamente.
Los legisladores también quieren averiguar por qué Hegseth no estaba en la sala de operaciones cuando se llevó a cabo el segundo ataque. Ha dicho que salió para otros asuntos después del primer ataque.
Hasta ahora, Hegseth ha sido desafiante ante las críticas del Capitolio. Poco después de que concluyeran las sesiones informativas el jueves, el ejército anunció que había atacado otro bote que supuestamente transportaba drogas, y mató a cuatro personas a bordo. Ese último ataque, el 22do de la campaña, elevó el número de muertos a al menos 87 personas.
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Los periodistas de The Associated Press Mary Clare Jalonick y Ben Finley en Washington contribuyeron a este despacho.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.