Associated Press
BUENOS AIRES (AP) — El pulso que mantiene la expresidenta argentina Cristina Fernández con la justicia por las condiciones en las que debe cumplir una condena a seis años de prisión por corrupción en su domicilio sumó un nuevo round, esta vez, por las visitas.
El tribunal federal que condenó a la exmandataria por irregularidades en la obra pública durante su mandato (2007-2015) y que dispuso el régimen de prisión domiciliaria informó el miércoles que ha recibido en su casilla de correo más de 700 pedidos de visita a su apartamento.
La lluvia de solicitudes, que procedían de senadores y diputados kirchneristas —corriente de centro-izquierda dentro del peronismo que lidera Fernández—, se produjo luego de que uno de los abogados de la condenada publicara la dirección de correo electrónico del tribunal en la red social X, antes Twitter.
El defensor Gregorio Dalbón dijo que lo hizo en disconformidad con la decisión de los jueces de limitar el acceso al domicilio a familiares, abogados y médicos de la expresidenta. Cualquier otra persona debe solicitar permiso especial al tribunal.
“¿Esto incluye a expresidentes? ¿A jefes de Estado en ejercicio? ¿A ganadores del Premio Nobel? ¿Incluye, por ejemplo, a Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de la República Federativa del Brasil?”, quien anunció que visitará a Fernández próximamente, se preguntó Dalbón. “Esta regla… no tiene base legal ni precedentes en la jurisprudencia argentina. Ni siquiera los genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad reciben este trato”.
La justicia derivó los más de 700 mails a los abogados de la expresidenta para que sean ellos los que fundamenten las solicitudes.
El episodio de los mails es el último de una serie de contrapuntos entre la dirigente y el tribunal que la condenó en 2022.
Si bien los jueces le concedieron la prisión domiciliaria a mediados de mes por ser mayor de 70 años y para preservar su seguridad tras sufrir un intento de asesinato en 2022, condicionaron sus apariciones públicas en el balcón de su apartamento.
Decenas de militantes estuvieron varios días de la semana pasada frente al edificio a la espera de un saludo de la líder.
Los jueces también le impusieron usar tobillera electrónica. El régimen de visitas fue apelado por los abogados de la expresidenta y será la Cámara de Casación Penal —máximo tribunal penal del país— la que resolverá en julio.
Fernández fue hallada culpable a fines de 2022 de administración fraudulenta luego de que el tribunal comprobara irregularidades en 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales con fondos públicos en la provincia de Santa Cruz entre los años 2003 y 2015, que comprenden la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) —difunto marido de Fernández— y en los que ella fue mandataria.
Fernández dice ser víctima de una persecución judicial orquestada por sectores conservadores para sacarla del escenario político.
La condena implica que la dirigente peronista no podrá competir como candidata a diputada provincial en las elecciones de septiembre en Buenos Aires, tal como había anticipado, porque la sanción incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
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El periodista de AP Sergio Farella contribuyó a este reporte desde Buenos Aires.