Associated Press
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Cox, una compañía española especializada en energías renovables, anunció el jueves la compra por 4.200 millones de dólares de todos los activos en México que le quedaban a su connacional Iberdrola, una firma de larga presencia en el país norteamericano que en 2024 vendió gran parte de sus centrales tras diversos choques con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Según el comunicado de Cox, la operación actual incluye 15 centrales operativas de más de 2.600 megavatios de potencia instalada —aproximadamente la mitad en renovables—, y una cartera de proyectos de generación de 12 gigavatios.
Cox, que apenas tiene una década de vida y trabaja también en el sector del agua, prevé invertir en el país otros 6.500 millones de dólares adicionales de aquí a 2030, con lo que convertirá a México en un país estratégico para sus inversiones.
Iberdrola vendió hace más de un año 13 plantas en lo que López Obrador (2018-2024) llamó una “nueva nacionalización de la industria eléctrica”. Pero aunque el expresidente quería que estuvieran en manos de la estatal Comisión Federal de Electricidad, debido a decisiones del organismo regulador quedaron finalmente en manos de una tercera entidad, una compañía de capital mixto público-privado.
Aquella operación tuvo lugar tras años de tirantes relaciones entre Iberdrola y López Obrador, quien había criticado a algunas empresas españolas por utilizar sus relaciones con anteriores gobiernos para obtener contratos que les favorecían en perjuicio del Estado mexicano.
Esa venta tuvo lugar en el marco de una reforma energética muy polémica que prioriza a las compañías estatales frente a las privadas algo que, según muchos inversores, iba en contra de la libre competencia.
Ahora, la operación de Cox — que está sujeta a la aprobación de los órganos reguladores— se da en el marco del llamado Plan México, el intento del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum por reforzarse frente a los embates comerciales de Estados Unidos.
En su comunicado, Cox elogió la seguridad jurídica del país, aunque las reformas que criticaron muchas energéticas privadas se consolidaron en la Constitución a finales de 2024, al inicio de la administración de Sheinbaum.