Associated Press
SAN SALVADOR (AP) — La Corte Suprema de Justicia de El Salvador admitió parcialmente un recurso de habeas corpus a favor del abogado Enrique Anaya, detenido hace dos semanas por el supuesto delito de lavado de dinero, informó la defensa legal el sábado.
Anaya un abogado constitucionalista que se convirtió en una de las voces críticas del gobierno del presidente Nayib Bukele, al que ha llamado reiteradamente “inconstitucional” y “dictador”, continúa recluido en las bartolinas de la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), Se espera que en las próximas horas sea puesto a disposición de un tribunal de justicia.
El arresto de Anaya es la medida más reciente de lo que los observadores califican como una ola de represión contra la disidencia por parte del gobernante centroamericano.
“Sí, ya recibimos la notificación y lo que la Sala de lo Constitucional ordena es darle tramite (al hábeas corpus) con énfasis en la vulneración de los derechos a la salud y el derecho a la defensa”, indicó a The Associated Press el abogado Jaime Quintanilla.
Pero el abogado criticó que en la resolución la Sala declaró improcedente la petición de la defensa por los fundamentos de privación ilegal de libertad y superación del plazo de la detención administrativa.
Al aceptar parcialmente, y para darle continuidad al habeas corpus, la Sala nombró a un juez ejecutor que deberá de intimar al Fiscal General de la República y al jefe de la Subdivisión de Transito Terrestre de la PNC para que se pronuncien sobre las vulneraciones constitucionales alegadas por los defensores de Anaya.
También tiene que verificar el expediente administrativo de Anaya e informar si las autoridades han realizado otras actuaciones que inciden en los derechos de integridad personal, salud y libertad del favorecido, puntualizando su estado actual.
El juez ejecutor deberá de informar sobre la situación jurídica actual de Anaya respecto a su libertad física y presentar un informe en que se pronuncie sobre la violación constitucional alegada respecto al plazo en que debe ser presentado ante los tribunales de justicia.
Quintanilla criticó que el máximo tribunal de justicia de El Salvador “en una forma velada hace una apreciación del régimen de excepción, dando a entender que el régimen de excepción sí se aplica a todo el mundo”.
Señaló que a Anaya se le acusa de un delito común y tuvo que haber sido puesto a disposición judicial después de la detención, es decir, a las 72 horas, que se cumplieron la mañana del martes 10 de junio.
La Constitución salvadoreña indica que todo detenido debe comparecer ante un juez en 72 horas. Ese plazo, no obstante, puede extenderse a 15 días, a raíz del régimen de excepción vigente desde hace más de tres años, que se ha renovado mes a mes gracias a la mayoría del oficialismo en el Congreso.
Quintanilla denunció que a pesar de que se han acreditado como los defensores de Anaya, no les comunicado cuando será enviado a los tribunales, donde le notificaran los cargos que le imputan.
Informó que un abogado del equipo de defensores se entrevistó con Anaya la mañana del sábado.
“Enrique está animado, obviamente, con la misma ansiedad de saber si lo van a llevar o no el día de ahora (sábado) a los tribunales, sino que tendría que ser mañana (domingo), que es el décimo quinto día de su detención”, detalló.
Es un proceso constitucional que protege el derecho a la libertad física y la integridad personal de las personas detenidas. Funciona como una garantía para asegurar que nadie sea privado de su libertad o sufra restricciones arbitrarias, y para evaluar la legalidad de cualquier detención.