Associated Press
BUENOS AIRES (AP) — La expresidenta argentina Cristina Fernández desea que el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, su viejo aliado en la región, la visite en el departamento de Buenos Aires donde cumple prisión domiciliaria por corrupción. La última palabra la tendrá el tribunal que la condenó y establece las pautas de su confinamiento durante seis años.
Alberto Beraldi, abogado de la exmandataria (2007-2015), realizó el martes ante los tres jueces del Tribunal Oral Federal N°2 el pedido para que Lula visite a Fernández, aprovechando que el líder izquierdista estará en Buenos Aires desde el miércoles por la tarde con motivo de la Cumbre de Mercosur que reunirá a los mandatarios de los países miembros, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. La cita del bloque regional será el miércoles y jueves.
Fernández, que comenzó a cumplir a mediados de junio la condena a seis años de cárcel por un caso de corrupción durante su gestión, tiene autorizadas las visitas de un grupo de familiares, policías de custodia, médicos y abogados en su departamento en un antiguo edificio situado al sur de la capital.
Una de las reglas de conducta que debe cumplir la líder del peronismo opositor, de 72 años, es pedir permiso para visitas extraordinarias y justificar los motivos.
El primer pedido de ese tipo que hizo la exmandataria fue el referido a Lula, con quien mantuvo fuertes lazos políticos e ideológicos durante las gestiones de ambos.
El presidente brasileño telefoneó a Fernández para expresarle su apoyo luego de que la Corte Suprema de Argentina confirmó el mes pasado el fallo condenatorio que le había impuesto el tribunal federal en 2022. El dirigente del Partido de los Trabajadores señaló en sus redes sociales que durante esa conversación le habló a Fernández “de la importancia de que se mantenga firme en estos momentos difíciles”.
Lula también ha sufrido prisión. Mientras estaba confinado en una sede policial en Curitiba en 2019 por corrupción, recibió la visita del entonces candidato peronista a la presidencia, Alberto Fernández, quien luego lideró el gobierno en el que la hoy condenada dirigente peronista ejerció la vicepresidencia (2019-2023).
La exmandataria ha apelado el régimen de visitas que le impuso el tribunal y será la Cámara de Casación Penal —máximo tribunal penal del país— la que deberá resolver.
Los jueces del tribunal condicionaron además las apariciones públicas de Fernández en el balcón de su apartamento, desde donde varias veces ha saludado a decenas de simpatizantes congregados, exigiéndole que no perturbe la traquilidad del vecindario.
Fernández fue hallada culpable a fines de 2022 de administración fraudulenta luego de que el tribunal federal comprobara irregularidades en 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales con fondos públicos en la provincia de Santa Cruz entre los años 2003 y 2015, que comprenden la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) —difunto marido de Fernández— y en los que ella fue mandataria.
Fernández dice ser víctima de una persecución judicial orquestada por sectores conservadores para sacarla del escenario político.
La condena implica que la dirigente peronista no podrá competir como candidata a diputada provincial en las elecciones de septiembre en Buenos Aires, tal como había anticipado, porque la sanción incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.