Associated Press
SAN SALVADOR (AP) — El Congreso salvadoreño aprobó el miércoles una nueva prórroga del régimen de excepción que suspende tres derechos constitucionales, como parte de la estrategia del gobierno del presidente Nayib Bukele para continuar combatiendo a los grupos criminales que por más de tres décadas han aterrorizado a la población.
La 44a. prórroga, que estará vigente hasta el 1 de diciembre, se aprobó con los votos de 57 de los 60 diputados del Congreso unicameral. La diputada Claudia Ortiz, del conservador partido VAMOS, votó en contra. Los dos diputados de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) se retiraron a la hora de votar.
Después de que las pandillas asesinaran a 62 personas en una sola jornada, el 27 de marzo de 2022, el Congreso aprobó un estado de excepción que, según organismos nacionales e internacionales, ha resultado en graves violaciones a los derechos humanos.
La nueva prórroga mantiene la suspensión de derechos constitucionales como el de ser informado sobre los motivos de la detención o el de tener acceso a un abogado. Además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y se extiende la detención sin audiencia judicial de 72 horas a 15 días.
Al solicitar la nueva prórroga, el gabinete de Seguridad del gobierno destacó que la aplicación de las políticas de seguridad ha permitido la reducción histórica de los índices de homicidios, con más de 1.040 días sin la ocurrencia de este delito durante el mandato de Bukele.
Señaló que mediante labores de inteligencia y el monitoreo de las redes sociales, se ha detectado la utilización de gestos, señales y formas de comunicación asociados a pandillas por parte de menores de edad.
Agregó que “el involucramiento de estos menores no se limita a dichas manifestaciones simbólicas, sino que incluye participación en procesos de comunicación, coordinación de acciones ilícitas mediante el uso de tecnología y redes sociales”.
En los últimos meses las autoridades han denunciado intentos de organización de grupos de pandillas en centros educativos, lo que los llevó en junio a la captura de por lo menos 40 estudiantes de tres institutos públicos de la capital.
En el 2015, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró a las pandillas, incluyendo la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, como grupos terroristas.
Con la llegada de Bukele al poder, el Congreso también reformó el Código Penal para tipificar como delito la pertenencia a una pandilla, lo cual conlleva una pena de entre 20 y 40 años de cárcel. Los cabecillas pueden recibir condenas de hasta 60 años tras las rejas.
También reformó la Ley Penal Juvenil para establecer que cuando los delitos hayan sido cometidos por pandilleros, el máximo podrá ser de hasta 20 años de prisión para los menores con 16 años cumplidos y hasta 10 años de prisión cuando un menor ya haya cumplido 12 años.
Durante la vigencia del régimen de excepción, las autoridades han detenido más de 89.900 personas por cargos de pertenencia o asociación a pandillas.
Sin embargo, el propio gobierno ha reconocido que la mayoría de los detenidos se encuentran en prisión a la espera de un juicio, y que más de 8.000 han tenido que ser liberados por falta de pruebas.
En tanto, organizaciones defensoras de los derechos humanos advierten que podría haber hasta 25.000 inocentes encarcelados.