Associated Press
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Cámara de Diputados de México aprobó el martes una ley contra la extorsión que endurece las penas de cárcel hasta 42 años como parte de los esfuerzos del gobierno para frenar un delito que ha ido en aumento en los últimos años.
Los diputados avalaron con 409 votos a favor, 33 en contra y una abstención el proyecto de ley que aprobó la semana pasada el Senado. La iniciativa fue promovida por la presidenta, Claudia Sheinbaum, en el marco de un plan nacional que lanzó en julio para combatir la extorsión, que registró un crecimiento del 5% en los primeros diez meses del año en comparación con igual período de 2024, según cifras oficiales. La ley será enviada ahora al Ejecutivo para su sanción y entrada en vigencia.
La nueva ley contempla un tipo penal único en todo el país y penas homologadas en los 32 estados de 15 a 25 años de cárcel, además de una multa. La sanción de cárcel puede llegar hasta los 42 años dependiendo de los agravantes.
En el texto se prevé que las penas de cárcel se elevarán de cinco a 12 años cuando en la comisión del delito de extorsión “se utilicen dispositivos, medios, servicios o plataformas”. Asimismo, se establecieron penas de 10 a 20 años de prisión y multas para los funcionarios que se abstengan de denunciar los casos, y sanciones de tres a cinco años de cárcel para las autoridades de las prisiones que faciliten los medios o permita las condiciones para la extorsión.
Según las investigaciones de las autoridades, el 56% de las líneas telefónicas que se emplean para la extorsión provienen de 12 centros penitenciarios.
Para tratar de frenar el número de casos de extorsión que quedan sin denuncia, y que rondan el 97%, en la ley se prevé que el delito podrá perseguirse de oficio sin necesidad de un denunciante, y se permitirá a los afectados denunciar de manera anónima para proteger sus vidas.
Entre las modalidades de extorsión que se contemplan están la telefónica, la digital y la que se realiza desde los penales.
Asimismo, se establece el bloqueo inmediato de los números telefónicos utilizados para la extorsionar y la colaboración de las empresas de telecomunicaciones para combatir ese delito.
La iniciativa también contempla cambios al Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y otras leyes.
La aprobación de la ley se da más de un mes después del asesinato de Bernardo Bravo, un líder de productores de limón del estado occidental de Michoacán, quien había denunciado las fuertes extorsiones a las que ese sector era sometido por parte del crimen organizado.
Bravo murió por un disparo en la cabeza y su cuerpo fue localizado el 20 de octubre dentro un vehículo en un camino del violento municipio de Apatzingán, estado de Michoacán.
La extorsión ha sido una práctica habitual desde hace años en distintos puntos de México, generalmente ejecutada por cárteles locales que mantienen fuertes controles entre los productores. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), uno de los mayores gremios empresariales del país, informó el mes pasado que la extorsión representó para el sector costos por unos 1.000 millones de dólares de enero a septiembre de este año.