Por SONIA PÉREZ D.
CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Han pasado más de 40 años desde que 36 mujeres indígenas fueron víctimas de abusos sexuales en su comunidad, en el marco de la guerra que duró 36 años en Guatemala, y aún recuerdan con exactitud la violencia ejercida en sus cuerpos por militares y expatrulleros civiles. El viernes, la búsqueda de justicia que iniciaron acompañadas de tres abogadas, también indígenas, podría concluir con una segunda sentencia.
El caso de las mujeres mayas Achí comenzó en 2011 cuando 36 de ellas, oriundas del municipio de Rabinal, en Baja Verapaz, al occidente del país, dieron el paso de denunciar que soldados y expatrulleros civiles abusaron sexualmente de ellas y las detuvieron ilegalmente, a veces durante semanas, entre 1981 y 1985.
Cinco de esos expatrulleros civiles, miembros de su comunidad o de otras adiestrados por militares en tareas contrainsurgentes, ya fueron condenados a 30 años de prisión por la violación de las 36 mujeres en 2022.
Un segundo proceso judicial está por concluir ahora, cuando el viernes se dé a conocer la sentencia contra otros tres expatrulleros acusados de violación y delitos de lesa humanidad.
Ningún militar ha sido enjuiciado por estos hechos, que ocurrieron durante el conflicto armado interno en Guatemala entre el ejército y grupos guerrilleros durante 36 años (1960-1996).
En 1999, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Naciones Unidas documentó 1.465 casos de violación sexual durante la guerra. El 89% de estos hechos se dieron contra mujeres mayas y el 35% de las víctimas eran niñas, dice el informe.
De las 36 mujeres de la comunidad Achí que denunciaron violaciones, siete de ellas ya han muerto. En el último juicio, declararon seis víctimas directas, pero tres de ellas lo hicieron como anticipo de prueba, un trámite que se hace aparte.
La de menor edad tenía 19 años cuando ocurrieron los hechos.
Paulina Ixpatá, que ahora tiene 63 años, contó ante el tribunal las atrocidades que vivió cuando tenía 21.
“A las nueve de la noche me fueron a sacar (de casa) y me llevaron a un gran tanque de agua, me metieron la cabeza dentro del tanque y cuando ya casi me ahogaba, me sacaban y me hacían preguntas, pero yo respondía que no sabía nada…”, declaró.
Después de eso, continuó el horror. “Me iban a tirar al cuarto (dentro del destacamento militar) y ahí entraban los soldados y ahí me violaron… Ya no aguantaba, me dolía el cuerpo, me dolía la cintura… Sufrí un aborto, porque ahí me embarazaron”. Debido a los daños, no pudo volver a ser madre.)
The Associated Press generalmente no identifica a las víctimas de delitos sexuales a menos que ellas, como en el caso de Ixpatá, hablen públicamente.
Los informes de memoria histórica sobre la guerra de Guatemala y los peritos que declararon en este juicio recordaron que las mujeres eran usadas como arma de guerra para resquebrajar el tejido social y así romper el apoyo a los insurgentes. El ejército se empecinaba con las comunidades indígenas porque creía que protegían a guerrilleros.
Uno de los acusados, Pedro Sánchez, se defendió el viernes ante el tribunal negando los hechos. “Lo dejo en las manos de Dios y de usted, juez. En verdad, yo soy inocente de lo que nos están acusando, a todas esas mujeres no las conozco”.
En el municipio de Rabinal, donde ocurrieron los hechos, hay registros de masacres, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones y asesinatos que muchas veces tuvieron como consecuencia desplazamientos masivos de personas, especialmente de mujeres. Los hombres eran el blanco de asesinatos, mientras ellas eran además abusadas.
Precisamente, la antropóloga Aura Cumes, perito que declaró ante el tribunal, señaló que las mujeres sufrieron la represión militar de forma diferente a los hombres.
“La violencia sexual fue un método planificado y deliberado… Fue eficaz para los fines del ejército en tanto que estos hechos brutales sobre las mujeres tuvieron como efecto causar desconfianza, destruir las relaciones sanas entre mujeres y hombres, resquebrajar la unidad familiar y destrozar el tejido social comunitario”, dijo Cumes.
A una de las 36 víctimas la tuvieron retenida por 25 días en un destacamento militar en 1981. Había otras mujeres con ella, que fueron testigo de lo que le ocurría a las demás.
Según su testimonio, fue violada en su casa, primero por patrulleros y luego por militares. Estaba lavando ropa en un río, cuando la interrumpieron y la forzaron a meterse en un cuarto y desvestirse. A través de un intérprete, explicó que también se llevaron a su esposo y nunca más lo volvió a ver. Tenían un año de matrimonio y estaba embarazada de cuatro meses.
La mujer declaró a puerta cerrada y en idioma achí. Para que llegase hasta ahí, a comparecer ante el tribunal, fue necesario un trabajo de convencimiento y empatía. Ése es el rol que han asumido por años las tres abogadas indígenas que acompañaron a las víctimas de Rabinal en su lucha contra la impunidad.
Hayde Valey, Gloria Reyes y Lucía Xiloj son las representantes de las 36 mujeres mayas Achí que empezaron el tortuoso camino de la justicia en Guatemala en 2011.
Valey es parte de la misma comunidad y cree que escuchar desde joven, en sus espacios y en sus comunidades, los relatos de las víctimas le hicieron entender cómo, a pesar del tiempo, aún seguía afectando a sus vidas y su necesidad de obtener justicia y reparación.
Su identidad como mujer indígena “creó la confianza y hablar el mismo idioma ayudó”, apunta. “Los hechos de violencia sexual son muy difíciles de contar, era una situación compleja, estigmatizante por sus mismas comunidades, por los hechores e incluso por sus familias, que las hacían responsables por lo que sucedió”.
De hecho, algunas de las víctimas aún conviven con sus victimarios, son sus vecinos, porque los militares usaron a civiles de las comunidades en su guerra contra los insurgentes.
Los patrulleros civiles eran hombres captados por el ejército —muchas veces bajo amenaza— para que hicieran tareas de control en las poblaciones. Se encargaban de vigilar quién entraba y salía, quién vivía, quién los visitaba y qué hacían. A algunos les pagaban por esta tarea, para otros, era impuesta.
Y, aunque recibían un entrenamiento muy precario en tema de armas por parte de los uniformados, los patrulleros civiles tenían frente a la comunidad como una autoridad dada por el ejército.
“Es importante que los tribunales entiendan que los casos fueron colectivos y que, por eso, es importante que haya medidas de reparación para las víctimas”, destaca Lucía Xiloj, en referencia a aspectos de salud, educación y resarcimiento.
Ella es abogada maya Quiché. “Para mí, que he tenido la oportunidad de estudiar y ser abogada indígena, representa una forma de colaborar contra la discriminación histórica que vivió mi pueblo. Lo veo como una responsabilidad”.
El informe de la Recuperación de la Memoria Histórica Remhi, elaborado por la Iglesia católica sobre la guerra, detalla en su capítulo quinto que las mujeres fueron víctimas, pero también la mayoría de supervivientes y que, después, en su vida, “han tenido que enfrentar en condiciones muy precarias las consecuencias de la violencia”.
Por eso, las abogadas que han acompañado a las 36 mujeres reivindican su valor como denunciantes. En palabras de Valey, “las valientes son ellas, que se han atrevido a dejar atrás el silencio, los estereotipos en su contra y alzar la voz para buscar justicia por lo que les pasó”.