Por STEVEN GRATTAN
BOGOTÁ, Colombia (AP) — Colombia perdió 88.808 hectáreas (340 millas cuadradas) de bosque —un área más grande que la ciudad de Nueva York— en tan sólo seis meses, impulsada por la rápida expansión de carreteras ilegales, el cultivo de coca y la minería no regulada, según un informe de la Procuraduría General de la Nación.
El organismo de control independiente colombiano advirtió sobre la aceleración de la destrucción ambiental en algunas de las regiones más ecológicamente críticas del país.
El informe, que fue publicado el lunes, cubre el periodo entre octubre de 2024 y marzo de 2025 y se centra en siete áreas de alto riesgo, incluidas Caquetá, Guaviare, Putumayo y Meta, departamentos del sur del país que forman parte de la cuenca del Amazonas y son vitales para la biodiversidad y los sistemas de agua dulce de Colombia.
Los investigadores documentaron 1.107 kilómetros (680 millas) de construcción de carreteras ilegales, muchas de las cuales atraviesan parques nacionales como Chiribiquete, Nukak y Farallones de Cali. Estas carreteras a menudo facilitan el transporte de bienes ilegales y abren nuevos frentes para la tala de bosques.
El informe detalla “la relación directa entre la apertura de estas vías irregulares, con el avance de los cultivos ilícitos y el crecimiento descontrolado de la frontera agropecuaria”.
Aunque los cultivos de coca siguen siendo el principal impulsor de la deforestación —particularmente en Meta, Putumayo y la región del río Naya—, el informe también destaca la minería ilegal de oro como una amenaza creciente. En la zona rural de Buenaventura, cerca del río Naya, los investigadores encontraron maquinaria pesada operando cerca de reservas indígenas y dentro de áreas protegidas, con trabajos de carretera que conectan la región con rutas de tráfico hacia el Océano Pacífico.
Caquetá experimentó la mayor pérdida de bosque, con casi 30.000 hectáreas (115 millas cuadradas) deforestadas, seguida por Guaviare y Putumayo. Gran parte del daño ocurrió cerca de territorios indígenas y corredores ecológicos vitales cruciales para la vida silvestre. El informe también destacó la apropiación de tierras y la remoción especulativa de vegetación —realizada para reclamar tierras o aumentar su valor sin uso inmediato— como amenazas crecientes para la región.
En el documento, la procuraduría insta a las autoridades a investigar la legalidad de las nuevas carreteras y emitir órdenes de cierre inmediato donde sea apropiado.
El año pasado, el gobierno de Colombia informó que la deforestación cayó un 36% en 2023 en comparación con el año anterior, marcando el nivel más bajo desde que comenzaron los registros. Sin embargo, en 2024 se registró un aumento del 35%, impulsado por un repunte en la región amazónica.
El ministerio de medio ambiente de Colombia no había respondido a una solicitud de comentarios sobre el informe al momento de la publicación.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.