La decisión prolongada puso fin a una batalla de casi tres años entre su administración y los residentes que dijeron que no pueden tolerar más contaminación del aire.
La principal funcionaria de salud pública determinó que no se abrirá una operación de trituración de metal en el lado sureste de Chicago, lo que puso fin a una batalla de casi tres años entre su administración y los residentes que dijeron que no pueden tolerar más contaminación del aire.
Southside Recycling, el renombrado y reubnicado negocio anteriormente conocido como General Iron, esperaba abrir hace aproximadamente un año en virtud de un acuerdo con la Municipalidad. Los organizadores comunitarios se defendieron, diciendo que el lado industrial del sureste ya sufre de muy mala calidad de aire. El hecho de que el negocio fuera trasladado de Lincoln Park, un barrio blanco y rico, a un vecindario latino de clase trabajadora rodeado de comunidades negras es racista, dijeron los residentes. Ese reclamo provocó una investigación federal de derechos civiles que sigue en proceso.
El departamento de salud local “determina que la instalación propone operar una actividad intrínsecamente peligrosa en un área comunitaria vulnerable, y el solicitante no proporcionó evidencia suficiente de que la instalación puede cumplir y permanecer en cumplimiento con los términos y condiciones de un permiso [municipal ] o las reglas según sea necesario para proteger completamente a los residentes del lado sureste”, dijo la Comisionada de Salud Pública de Chicago, la Dra. Allison Arwady, en una carta al dueño del negocio.
Lightfoot parecía estar de acuerdo con la aprobación del permiso final que Southside Recycling necesitaba para operar, cuando el principal funcionario ambiental del Presidente Biden intervino el mayo pasado para pedirle a la alcaldesa que detuviera el proceso y realizara una evaluación del impacto en la salud. Fue esa evaluación la que citó Lightfoot al decidir negar el permiso. Los funcionarios de salud pública dijeron esta semana que la nueva instalación en East 116th Street, a lo largo del Río Calumet, cerca de escuelas, parques y hogares, aumentaría la contaminación del aire y “presenta un riesgo inaceptable”.
“La posible adición de otro contaminador en esta comunidad sobrecargada y desatendida planteó importantes preocupaciones sobre la justicia ambiental y los derechos civiles”, dijo el administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), Michael Regan, en un comunicado el viernes. “Aplaudo a la alcaldesa Lightfoot por escuchar esas preocupaciones y actuar para proteger la salud de los residentes”.
El dueño del negocio, Reserve Management Group, demandó a la Municipalidad por retrasar el proceso de permisos y pidió más de $100 millones en daños.
La compañía señaló en un comunicado que la administración de J.B. Pritzker aprobó un permiso estatal necesario para operar y agregó que la seguridad ambiental fue validada a ese nivel de gobierno. La compañía prometió impugnar la decisión municipal.
“Continuaremos buscando todas las vías para desafiar esta decisión, incluyendo la presentación de nuestra demanda contra la Ciudad, lo que probablemente resultará en que los contribuyentes se vean obligados a pagar cientos de millones de dólares en daños”, dijo el comunicado. “Además del litigio, esta decisión es un mensaje claro para cualquier empresa o industria que pueda estar considerando expandirse o invertir en Chicago: la Ciudad no es un socio confiable y no está abierta hacer negocios”.
Varios grupos comunitarios y ambientales lucharon contra el Ayuntamiento durante los últimos años, marchando, protestando y un grupo de personas incluso realizó una huelga de hambre el año pasado. Tres de los grupos (Fuerza de Trabajo Ambiental del Sureste, Personas para la Recuperación de la Comunidad y Coalición del Lado Sureste para Prohibir el Petcoke) dijeron que la decisión puede “ser un punto de inflexión para las comunidades de color que han sido afectadas por el racismo ambiental durante décadas”.
“Aunque estamos celebrando esta decisión, la comunidad continúa lidiando con el legado tóxico que ha permitido que la contaminación se acumule en nuestra comunidad y no dejaremos de luchar por nuestro derecho al aire limpio, y seguiremos luchando hasta que la salud de las comunidades de Chicago como la nuestra puedan vivir en un ambiente saludable”, según el comunicado.
En 2020, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) abrió una investigación de derechos civiles para determinar si la reubicación de General Iron era indicativa de prácticas discriminatorias por parte de la Municipalidad relacionadas con la zonificación y el uso del terreno. Si se determina que ha violado la Ley de Vivienda Justa, estarían en juego decenas de millones de dólares en fondos anuales de HUD.
Los representantes de HUD no respondieron a una solicitud de comentarios.
Los reportajes de Brett Chase sobre el medio ambiente y la salud pública son posibles gracias a una subvención del Chicago Community Trust.